¿cuántos son los derechos sexuales reproductivos?
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Derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales de derechos humanos y en otros documentos de consenso, entre los que se incluyen el derecho de todas las personas, sin coacción, discriminación ni violencia, al más alto nivel posible de salud en relación con la sexualidad, incluido el acceso a los servicios de atención sanitaria sexual y reproductiva; la capacidad de buscar, recibir e impartir información en relación con la sexualidad; el acceso a la educación sexual; el respeto a la integridad corporal; la libre elección de la pareja; el derecho a decidir ser o no sexualmente activo; el derecho a mantener relaciones sexuales consentidas, el derecho al matrimonio consentido; el derecho a decidir si tener o no hijos y cuándo tenerlos; y el derecho a llevar una vida sexual satisfactoria, segura y placentera.
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En la actualidad, unos 1.200 millones de adolescentes (de 10 a 19 años) representan el 16% de la población mundial. El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva (SDSR) e información de calidad es esencial para proteger su salud y su capacidad de planificar su vida. Sin embargo, en todo el mundo, las normas sociales perjudiciales, los estereotipos de género, los desequilibrios de poder, la necesidad percibida de controlar la sexualidad femenina y otras desigualdades hacen que el acceso a la información y los servicios sea difícil, si no imposible, para los adolescentes, especialmente las niñas.
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Todos los niños, adolescentes y jóvenes tienen derecho a tomar sus propias decisiones de forma libre e informada y a tener el control sobre su salud sexual y reproductiva y sus vidas, libres de coerción, violencia, discriminación y abuso.
A las niñas y a las mujeres jóvenes, en particular, se les niega la capacidad de ejercer estos derechos. El cumplimiento de los derechos de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes es fundamental para lograr la igualdad de género.
Plan International cree que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tienen derecho a tomar sus propias decisiones de forma libre e informada y a tener control sobre su salud sexual y reproductiva y sus vidas, libres de coerción, violencia, discriminación y abuso. A las niñas y a las mujeres jóvenes, en particular, se les niega la capacidad de ejercer estos derechos. El cumplimiento de los derechos de todos los niños, adolescentes y jóvenes es fundamental para lograr la igualdad de género.
Sin embargo, la desigualdad de género y las normas sociales discriminatorias significan que las niñas y las jóvenes a menudo carecen de voz, agencia y autonomía para tomar sus propias decisiones en relación con su salud sexual y reproductiva y con frecuencia se les niega el acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad. Esto puede dejarlas vulnerables e incapaces de protegerse de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual (incluido el VIH), así como de complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. También puede provocar graves daños psicológicos.
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Es importante recordar que los derechos sexuales y reproductivos han sido reconocidos desde entonces en instrumentos internacionales como la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, que establece que cada persona goza del derecho básico a decidir libre y responsablemente el número de hijos que desea tener y el espaciamiento de sus nacimientos, a disponer de la información y los medios necesarios para lograrlo y a disfrutar del más alto nivel de salud sexual y reproductiva. Esta última se define como un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y sus procesos.
Esto incluye el disfrute de una vida sexual satisfactoria sin riesgo de procreación y la libertad de decidir si tener o no relaciones sexuales y con qué frecuencia mantenerlas. Estos conceptos se mencionan en muchas recomendaciones, como las de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y, en el contexto regional, en varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en declaraciones de los Mecanismos de Seguimiento de la Comisión Belém do Pará (MESECVI).
