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Venezuela es signataria de tratados internacionales de derechos humanos y de los Principios de Yogyakarta, lo que le obliga a proteger los derechos de las personas LGBTI. En su informe de 2011 a la ONU, la organización de la sociedad civil DIVERLEX (Diversidad e Igualdad por el Derecho) destaca una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia venezolano que estipula la exigibilidad inmediata de los derechos humanos reconocidos en Venezuela, «independientemente de que esos derechos estén reconocidos en alguna ley» (traducción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH).
Además, Venezuela es miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA). En 2012, la Asamblea General de la OEA aprobó la resolución AG/RES. 2721 Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, que obliga a los Estados miembros a ‘condenar los actos de violencia y las violaciones de los derechos humanos cometidos contra las personas en razón de su orientación sexual e identidad de género; e instar a los Estados a fortalecer sus instituciones nacionales con miras a prevenir e investigar estos actos’.
Art. 21: «Todas las personas son iguales ante la ley y, en consecuencia, no se admitirá ninguna discriminación por motivos de raza, sexo, credo o condición social ni, en general, ninguna discriminación que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona».
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La homosexualidad nunca ha estado penada desde la independencia de Venezuela, salvo en virtud de la «Ley de vagos y maleantes» (leyes de conducta pre-delictivas como las existentes en Europa y América Latina durante el siglo XX). En Venezuela, a diferencia de España, esta ley no se refería expresamente a los homosexuales. Sin embargo, se aplicaba ocasionalmente a los homosexuales y transexuales que ejercían la prostitución, así como a los trabajadores del sexo en general, según informó Amnistía Internacional. Las personas sometidas a esta ley por «medidas administrativas» podían ser sometidas a «programas reeducativos» en «lugares de reclusión» especiales sin juicio, como también ha ocurrido en muchos otros países, entre ellos España[1] Esta ley fue declarada inconstitucional por el antiguo Tribunal Supremo de Justicia en 1997[2] La edad universal de consentimiento es igual a 16 años[3].
La Constitución de Venezuela, aprobada en 1999, define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, por lo que prohíbe constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo[4] El artículo 77 de la Constitución dice lo siguiente:[5]
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La homosexualidad nunca ha sido castigada desde la independencia de Venezuela, excepto en virtud de la «Ley de vagos y maleantes» (leyes de conducta pre-delictivas como las existentes en Europa y América Latina durante el siglo XX). En Venezuela, a diferencia de España, esta ley no se refería expresamente a los homosexuales. Sin embargo, se aplicaba ocasionalmente a los homosexuales y transexuales que ejercían la prostitución, así como a los trabajadores del sexo en general, según informó Amnistía Internacional. Las personas sometidas a esta ley por «medidas administrativas» podían ser sometidas a «programas reeducativos» en «lugares de reclusión» especiales sin juicio, como también ha ocurrido en muchos otros países, entre ellos España[1] Esta ley fue declarada inconstitucional por el antiguo Tribunal Supremo de Justicia en 1997[2] La edad universal de consentimiento es igual a 16 años[3].
La Constitución de Venezuela, aprobada en 1999, define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, por lo que prohíbe constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo[4] El artículo 77 de la Constitución dice lo siguiente:[5]
