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Si llevan más de 2 años de convivencia ininterrumpida, o la relación se ha formalizado ante notario, o hay un hijo en común, entonces la ley reconoce su situación como de pareja de hecho.

Aquí hemos enumerado las principales diferencias entre ambos tipos de uniones. No obstante, y a modo de resumen, podemos destacar que ambas son opciones para obtener la residencia en España como extranjero, ambas dan derecho a percibir una pensión de viudedad y permiten la adopción conjunta.

Sin embargo, presentan importantes diferencias. Ni la ley que las regula es la misma, ni el proceso de inscripción es equivalente. Además, hay otras diferencias importantes en cuanto a la herencia, la tributación conjunta y las prestaciones laborales que separan a unos de otros.

Esto se debe a que las parejas de hecho se regulan a nivel regional. Es decir, las parejas de hecho se rigen por las normas establecidas por la comunidad autónoma en la que se encuentran ambos miembros.

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Con la transición a la democracia, las prioridades de la política social cambiaron radicalmente, y el apoyo público a las familias se redujo drásticamente, ya que el concepto de «familia» se asociaba con el régimen autoritario y, por tanto, estaba desacreditado. En aquella época, las principales prioridades eran el establecimiento de un sistema de pensiones universal para los ancianos y la asistencia a los adultos desempleados, mientras que el coste de la crianza de los hijos se consideraba un asunto privado. Por ello, las políticas que abordan la cuestión del equilibrio entre el trabajo y la familia sólo se han desarrollado recientemente. En 1981 se estableció una prestación vitalicia para las personas viudas, independientemente de su sexo (Ley de Regulación del Matrimonio en el Código Civil para las Causas de Nulidad, Separación y Divorcio, BOE-A-1981-16216); anteriormente, las pensiones de viudedad sólo se concedían a las mujeres. Las prestaciones de viudedad y orfandad se ampliaron a las familias convivientes en 2007.

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Con la Ley de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar (BOE-A-1999-21568), el Partido Popular trató de promover la conciliación laboral y familiar. Pero si bien la ley protegía los puestos de trabajo de los padres trabajadores que se acogían a una excedencia para cuidar a sus familiares, no contemplaba una ayuda familiar. Así, el coste de la crianza de los hijos sigue siendo asumido casi exclusivamente por las familias. (Delgado et al., 2008)

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Las autoridades católicas se opusieron rotundamente, criticando lo que consideraban el debilitamiento del significado del matrimonio, a pesar del apoyo del 66% de la población.[3][4] Otras asociaciones expresaron su preocupación por la posibilidad de que las parejas de lesbianas y gays adoptaran niños.[5] Tras su aprobación, el conservador Partido Popular recurrió la ley ante el Tribunal Constitucional.[6]

Las elecciones generales de noviembre de 2011 dieron una victoria aplastante al Partido Popular, cuyo líder, Mariano Rajoy, dijo que se oponía al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero que cualquier decisión sobre la derogación de la ley sólo se tomaría tras la sentencia del Tribunal Constitucional. [9][10][11] El 6 de noviembre de 2012, la ley fue confirmada por el tribunal con 8 votos a favor y 3 en contra.[12][13][14] El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció que el gobierno acatará la sentencia y la ley no será derogada.[15][16][17]

Leyes relativas a las parejas del mismo sexo en Europa¹ Matrimonio Unión civil Reconocimiento nacional limitado (cohabitación) Reconocimiento extranjero limitado (derechos de residencia) No reconocido La Constitución limita el matrimonio a las parejas del sexo opuesto ¹ Puede incluir leyes o decisiones judiciales recientes que aún no han entrado en vigor.

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La unión civil entre personas del mismo o distinto sexo en España tiene la particularidad de que NO existe una ley de parejas de hecho a nivel estatal. Así, la mayoría de las Comunidades Autónomas, también las que no tienen un derecho civil foral o especial propio, han regulado las parejas de hecho desde una perspectiva no estrictamente administrativa.

2.1. En España hay Comunidades que no tienen derecho civil foral o especial propio, como Valencia, Madrid, Asturias, Andalucía, Canarias, Extremadura, Cantabria y Murcia, pero que han regulado en leyes autonómicas para su región (comunidad autónoma) los efectos civiles del cese de la convivencia more uxorio:

– Ley 11/2001, de 19 de diciembre, de la Comunidad de MADRID, de la pareja de hecho. Esta ley contemplaba un régimen económico de convivencia en defecto de pacto (artículo 4.2) que ha sido declarado inconstitucional por la falta de competencia de esta Comunidad Autónoma en materia de legislación civil (Sentencia del Tribunal Constitucional nº 81/2013, de 11 de abril de 2013).

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